La prostitución: entre el patriarcado y el capitalismo

El 18 de noviembre de 2017 fui invitada con Pauline Ezquerra al espacio autogestionado Sorgin Gaua en Zizuk Mayor, para dar una charla con el título La prostitución: entre el patriarcado y el capitalismo. En esta entrada transcribo mi discurso

El abolicionismo suele decir que la prostitución es violencia porque obliga a las mujeres a mantener relaciones sexuales con hombres a quienes no desean. Algo así como una violación pagada, afirmación que ya demuestra su absurdo porque ninguna violación se paga. A mí me parece que deducir si la prostitución es violencia en base al deseo es reducirlo todo a una cuestión de subjetividades. Y no podemos redactar leyes en base a una cuestión de subjetividades. Habrá personas para las que tener sexo sin deseo sea violento y otras para las que no. Pero de aquí no podemos redactar una ley que prohíba de una manera más o menos directa la venta de servicios sexuales. Para explicarlo tomaré una analogía: el aborto. Hay mujeres para las que abortar es algo traumático y otras para las que, en cambio, fue tan sólo un proceso. Hay mujeres que deseaban ser madres, pero que sopesaron las circunstancias y decidieron abortar, en contra de su deseo. Hay otras mujeres educadas en valores conservadores que habrían preferido no abortar, pero que lo hicieron por haber sufrido una violación. Lo traumático del aborto reside en los valores que tenga una persona, cosa que le acarreará más o menos sentimiento de culpa. Y, a pesar de esto, ¡menos mal que existe el aborto! ¡Menos mal que el feminismo prefiere no escuchar a los pro-vida, que apoyan su argumentación en que el aborto es violencia ejercida contra una especie de sustancia femenina! ¡Menos mal que el feminismo opta por darnos posibilidades y que no cuestiona nuestro derecho a abortar, pese al trauma que pueda acarrear! ¡Y menos mal que nos ha procurado clínicas donde hacerlo de modo seguro y no clandestinamente!

Con la prostitución sucede lo mismo: no podemos dejar una situación de vulnerabilidad social en manos de las subjetividades o de un cálculo idealista de sociedades matriarcales perfectas. Que a ciertas mujeres la prostitución les haya resultado traumática no significa que lo sea para todas o que la otra opción (la precariedad, el impago de deudas, el no tener qué dar de comer a los hijos, un desahucio...) sea menos traumática. Igual que la que aborta contra su deseo de tener hijos lo hace porque las consecuencias materiales serían mucho peores. El problema de no vivir en un lugar de privilegio es que todas nuestras decisiones van a ser imperfectas. Por lo tanto, no se puede basar la legislación sobre trabajo sexual en una cuestión de deseo. Cuando existe una necesidad económica imperiosa (que el estado con su caridad no cubre), el deseo pasa a ser una necesidad secundaria. O más bien es a la persona en cuestión a quien le toca establecer sus prioridades. Pensar si la prostitución es lícita o deja de serlo en función de una cuestión de goce me parece dejar que la legitimidad lo posean aquellas feministas para las que la necesidad material es neutral y, por tanto, pueden debatir si es más importante el deseo o llenar la nevera.

A nosotres, les trabajadores sexuales, los debates abolicionistas nos parecen absurdos porque invisibilizan nuestras problemáticas reales. A nosotres no nos importa qué carga simbólica tenga nuestro trabajo para la mirada masculina. A nosotres, la mirada masculina nos da igual porque lo que nos importa es llegar a fin de mes. La mayoría de trabajadores sexuales no han oído jamás hablar de "patriarcado": lo que les importa es poder comer esa semana. Por eso, para une trabajadore sexual los discursos abolicionistas suenan ajenos y extraños: son distantes, ya que jamás empatizan con sus necesidades reales. Y esta es la razón por la que, mientras que discutimos sobre si la prostitución es lícita o deja de serlo en función de una cuestión de deseo (es decir, mientras discutimos sobre el sexo de los ángeles, o de las putas, si así lo prefieren), el abolicionismo aplica medidas como el modelo sueco. Además, dice que es por nuestro bien, argumentando que, si penaliza al cliente, conseguirá reducir la demanda y, con ello, acabará con la violencia en nuestras vidas. Para empezar, este argumento tiene diversas fallas: la prostitución no existe porque haya una demanda, sino por una cuestión de necesidad económica. Si abolimos la prostitución hoy, ¿qué hacemos con la compra de mañana? ¿La vamos a posponer unos cuantos siglos, hasta la abolición de las clases sociales? ¿Y, mientras tanto, no tenemos derecho a vivir? La segunda falla es que confunde causa con efecto: si quieren abolir la prostitución, deberán acabar con la precariedad femenina, que es su base. La tercera falla del argumento nos la da la experiencia de haber aplicado sanciones a la prostitución: hay informes que explican que el modelo nórdico no ha reducido la prostitución; simplemente, se ha trasladado de la calle al interior de los pisos y se anuncia por Internet. Tampoco ha reducido la trata: los salones de masaje tai, por ejemplo, han aumentado considerablemente desde la implantación del modelo nórdico. Asimismo, las condiciones de las trabajadoras sexuales han empeorado: las que quedan ejerciendo en la calle han tenido que irse a lugares más apartados, reduciendo su seguridad. Por el miedo del cliente a que le cojan in fraganti, no disponen de tanto tiempo para pactar las condiciones del servicio o el uso de profilácticos. Asimismo, la opinión pública tiende ahora a criminalizar a las prostitutas. Otras repercusiones nefastas son la penalización a terceros, cosa que se traduce en que una prostituta no puede compartir lugar de trabajo con una compañera, ya que se considera "un tercero". También se puede multar, por el mismo motivo, a los hijos mayores de edad que vivan con la trabajadora sexual. Asimismo, al utilizar la policía los preservativos como una prueba de que una determinada persona es trabajadora sexual, muchas casas de citas restringen su uso.

También debemos tener en cuenta que, con la penalización de la captación de clientes pasiva, cualquier mujer puede ser identificada como prostituta por la policía. Esto queda sujeto a los criterios del cuerpo de seguridad: el lugar, la hora, el modo de vestir, si lleva a no ropa interior... Cosa que demuestra que la persecución a la que se somete a las prostitutas atenta contra los derechos y libertades de todas las mujeres.

No sé si el auditorio se da cuenta de que, cuando enumero todas estas repercusiones del modelo nórdico, estamos hablando de la integridad física y psíquica de personas, de seres humanos. Y esto lo digo porque el estigma hace que muchas veces a las prostitutas se nos vea como seres infrahumanos. La culpa que se proyecta hacia nosotras hace que el receptor piense en parte que eso es lo que nos merecemos por no tener un empleo normal. Y esto es lo que, aparentemente, le sucede al abolicionismo, pues es imposible que carezca de información acerca de las repercusiones del modelo nórdico hacia las mismas prostitutas. No obstante, nos imponen este modelo, a sabiendas de que no es "por nuestro bien". Son varias las organizaciones que les han advertido de lo dañina que resulta cualquier prohibición en el ejercicio de nuestro trabajo, ya sea referente a espacios o la multa a nuestros clientes. Entre estas entidades están Amnistía Internacional, Medecins du Monde, OMS, Anti-Esclavitud Internacional, Alianza Global contra la trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society, ONU Mujeres, ONU SIDA y OIT. Pero las abolicionistas hacen oídos sordos: se hacen completamente las suecas y siguen aplicando leyes que nos perjudican. Y, cuando son las asociaciones de trabajadoras sexuales las que visibilizan esto, las abolicionistas no tienen ningún reparo en acusarlas de ser proxenetas o de estar financiadas por los mismos. Lo hacen sin pestañear, pese a que esta acusación en sí ya sea un delito y a no tener ninguna prueba acerca de ello. Tenemos un ejemplo en el caso de la eurodiputada Mary Honeyball, que en 2014 envía un informe al Parlamento Europeo para que apruebe el modelo sueco. 564 ONGs y 60 académicos dijeron claramente cómo ese modelo atentaba contra los DDHH de las trabajadoras sexuales. La respuesta de la señora Honeyball fue enviar una carta a los eurodiputados diciéndoles que no les creyeran, porque eran parte del lobby proxeneta.

A España no ha llegado el modelo sueco de manera explícita, pero sí a través de las ordenanzas municipales en diversas ciudades y la ley mordaza, que tienen el mismo efecto en las compañeras que captan la clientela en la calle. Recuerdo cuáles son: tener que irse a lugares más apartados, alejadas de los servicios de atención (como ONGs y servicios sanitarios) y del resto de compañeras, que ya no pueden estar atentas por si surge alguna complicación en un servicio. Asimismo, debido a la multa, tampoco tienen tiempo de negociar las condiciones o el uso de preservativo. Repito: estas ordenanzas municipales están poniendo en peligro vidas humanas. Ahora también en Sevilla se están haciendo redadas en los pisos de trabajo, con la excusa de que en los pisos se aloja la trata de personas. Para empezar, no es cierto que la trata se aloje mayoritariamente en pisos: lo hace sobre todo en clubes. No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla dice que comprobar si en los clubes las trabajadoras están en situación regular y si utilizan o no preservativo no entra dentro de sus competencias. Estas redadas están dejando sin lugar de trabajo a muchas personas y también las están exponiendo públicamente: la semana pasada una compañera hacía un llamamiento porque los medios de comunicación se habían parado frente a la puerta del edificio donde hay una casa de citas. No podía entrar ningún cliente, por exposición pública, con lo cual nuestras compañeras no pudieron trabajar ni atender a sus responsabilidades económicas. Pero, sobre todo, ninguna de nuestras compañeras pudo entrar ni salir, por la ya mencionada exposición pública. Porque, si una trabajadora sexual se expone ante las cámaras, todo puede cambiar. Por ejemplo, su ex marido puede utilizar esta información para quitarle la custodia de sus hijos porque, aunque la ley sólo contemple la prostitución como un agravante, sabemos de sobras que los prejuicios muchas veces pesan de una manera decisoria. Vuelvo a recordar al auditorio que el trabajo sexual es un derecho y en ningún momento estamos cometiendo un crimen. Por lo tanto, no deberíamos ser criminalizadas, sino que deberíamos contar con todos nuestros derechos.

Pero, por si esto fuera poco, hay algo mucho peor. El abolicionismo y las instituciones estatales dicen que hay que perseguir la demanda de servicios sexuales para acabar con la trata. Y, no obstante, ¿qué políticas se emplean en materia de trata en este país? Si has sido víctima de trata en España, sólo te van a ayudar a conseguir protección si cooperas con la policía. Pero nadie te garantiza que tengas un intérprete cuando vayas a poner la denuncia. Tampoco te garantizan que tengas abogado durante el juicio, aunque sí intérprete. Tampoco nadie tiene por qué decirte cuál ha sido la resolución con respecto al mafioso que te ha tenido explotada. Si al final no recibe condena, nadie tiene por qué informarte, con lo cual te están quitando la oportunidad de buscar protección. Tampoco nadie te garantiza que protejan a tu familia: eso dependerá de los convenios de España con tu país. ¿Ayudas económicas? No hay ayudas estatales: dependerás de la caridad de las ONG. Se supone que tendrás derecho a una indemnización económica del dinero incautado a la mafia, pero esto rara vez sucede. Por tanto, podrás quedarte en España si arriesgas tu vida y la de tu familia y cooperas con la policía. Éste es el trato que reciben las víctimas de trata rescatadas. Es decir, que al estado no le importan absolutamente nada. Me parece muy necesario traer a colación las políticas del estado en materia de trata en este debate. Porque proyectan mucha luz sobre lo que es realmente el modelo sueco: putofobia pura y dura. Para luchar por la integridad física y psíquica de las víctimas de trata, hay que presionar a los estados para que cambien estas leyes, no atacar al elemento más vulnerable, que somos las mujeres que ejercemos la prostitución y que padecemos precariedad material y simbólica. Para acabar con la trata y no atacar la integridad física y psíquica de las trabajadoras sexuales, hay que rechazar el modelo nórdico y pensar en soluciones fácticas y realistas para acabar con la feminización de la pobreza. No abolir simplemente la prostitución sin darnos una alternativa más allá de un trabajo femineizado precario, que ya hemos rechazado por no adaptarse a nuestras necesidades y que es la alternativa que nos proponen, por no escucharnos.

Nosotras, las putas feministas, queremos cambiar estas circunstancias y estas condiciones de vida. Queremos que los estados dejen de hostigarnos, prohibiendo nuestro trabajo o la compra de nuestros servicios. Queremos que los estados dejen de vulnerar nuestra integridad física y psíquica. Queremos Derechos Humanos porque eso es lo que somos: seres humanos. Pero, obviamente, reconocernos en tanto que sujetos políticos trabajadoras sexuales no es gratuito: tiene un precio muy elevado. Para empezar, la exposición pública. Cuando te reconoces públicamente como prostituta, sabes que nunca más volverás a tener la tranquilidad del resto de personas. Siempre estará la mirada del otro deformándote, convirtiéndote en una pobre víctima o en un fetiche, pero pocas veces te reconocerá como ser humano. También será más costoso acceder a un lugar de reivindicación política, pues no faltarán muchas feministas diciendo que no eres digna de estar entre ellas. Y a nivel institucional habrá una criminalización que te dejará en la anomia más absoluta: será más fácil que te quiten la custodia de tus hijos o que te metan en una cárcel o en un psiquiátrico. O que te hagan sentir culpable de recibir una multa. Nosotras, las putas feministas, nos hemos expuesto a todos estos castigos por parte de los estados y nos arriesgamos a todas estas penalizaciones porque queremos que las siguientes generaciones de trabajadoras sexuales no tengan que pasar las mismas cosas que hemos pasado nosotras.

Para empezar, queremos cambiar el marco legal en el que se da la prostitución. No queremos una regularización, con la intromisión del estado en nuestro modo de trabajar. Lo que queremos es una despenalización. Por eso, el modelo que personalmente defiendo es el neozelandés. Pero nuestra acción política no se reduce a lo legal, sino también a lo simbólico. Nosotras, pese a todos los costes que nos ha supuesto, nos hemos reconocido como sujetos para que otras también puedan reconocerse como tales. Y que nadie ejerza violencia simbólica sobre ellas. Que todas las trabajadoras sexuales sientan que pueden dominar una situación con un cliente y que nadie tiene derecho a maltratarlas física o psíquicamente por su condición como prostitutas, ni dentro ni fuera del trabajo. Que ésta no sirva tampoco para que los dueños de burdeles exploten a sus trabajadoras: que éstas puedan imponer sus condiciones, sin sentirse vulnerables por el hecho de ser prostitutas. En una palabra, queremos desestigmatizar la prostitución y que la vida y el trabajo de las putas sean siempre dignos, con respeto hacia nuestra integridad física y psíquica, garantizando en todo momento nuestros Derechos Humanos.

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