Vanesa Campos o la condición puta

La semana pasada, en la noche del 16 al 17 de agosto, fue asesinada Vanesa Campos, trabajadora sexual, trans y migrante, en el Bois de Boulogne (Paris), a manos de un grupo de ladrones. Su muerte es otro grito que se nos impone, la evidencia, una vez más de que, para esta sociedad, las prostitutas no somos seres humanos. Por eso es mejor arrojarnos a la oscuridad, a las cuchilladas de la desprotección legal. Cualquier cosa antes que reconocernos como sus iguales, como ciudadanas que merecemos derechos. Como trabajadoras y no como criminales.

Que el abolicionismo no ataca a la prostituta, sino al cliente, porque es distinto del prohibicionismo, es una simplificación hipócrita que sólo pretende tranquilizar las conciencias con una dosis de buenismo. A nosotras no nos sirve de nada que multéis a nuestros clientes para que "no nos paguen por violarnos". Porque, si no conseguimos hacer ese servicio en un lugar seguro, iremos a buscarlo a un lugar inseguro, allí donde quedemos alejadas de cualquier servicio de atención y donde peligren nuestras vidas. Y lo sabéis. Sabéis perfectamente que esto es lo que sucede con el modelo sueco. Nuestras muertas son la evidencia que no queréis reconocer. Y esto es grave. Muy grave. El abolicionismo se limpia la conciencia con sus buenas intenciones, las teleologías que construye desde sus lugares acomodados. Desde el confortable activismo de sofá. Desde el privilegiado feminismo de despacho, que despacha toda su putofobia con discursos cada vez más discriminatorios. Discursos que nos convierten en la extraña, la otra, la lejana. Lo abyecto. Para que la mujer "común" no se reconozca jamás en nosotras. Para que justifique estas políticas que nos matan. El abolicionismo cubre los cadáveres de nuestras muertas con sus discursos perversos. Para que nadie los llore. Para que no se despierte una verdadera conciencia feminista que vele por nuestra integridad física y psíquica. Al abolicionismo le interesa mantener el estigma. Vive de ello, tanto material como simbólicamente: el verdadero nombre del abolicionismo es "industria del rescate". Y, como a toda industria, le importa su beneficio, aunque tenga que llevarse vidas humanas por delante.

Pero, obviamente, nada de esto se dice de manera explícita: al abolicionismo le interesa vendernos su fachada de corrección política para poder tener cabida dentro de una democracia. Así dibuja una situación simplista de un hombre psicópata que impone su necesidad sexual a una mujer sin recursos, la cual tendrá que aceptar que la violen a cambio de un plato de comida. El maniqueísmo vende: nos hace identificarnos con el Bien y lo heroico. Soterrar la complejidad que encierra la prostitución, simplificarla, caricaturizarla. Sustraerle su humanidad. Para que la sociedad no nos reconozca como seres humanos y que la penalización a los clientes le parezca un acto de sentido común, dejando entre bambalinas que eso hace peligrar nuestra integridad física.

Pero, ¿estoy siendo parcial? ¿Estoy estableciendo a la ligera una relación causal entre las leyes de penalización a los clientes y las muertes de mis compañeras?

Veamos qué sucede en Suecia, el ejemplo más paradigmático de país abolicionista.

La ley de penalización a los clientes hace que las trabajadoras sexuales que captan su clientela en la calle (generalmente, las que tienen menos recursos) tengan que aceptar prácticas que atentan contra su salud. Esto es contribuir a la muerte de las putas.

Las que se han desplazado de la calle a los espacios cerrados (porque recuerdo que la prostitución en Suecia no ha desaparecido: sólo se ha desplazado) han quedado aisladas de agentes como los prestadores de servicios sociales, de la atención sanitaria y de las autoridades. Esto también es contribuir a la muerte de las putas.

Para evitar la multa al cliente, las trabajadoras sexuales que captan a su clientela en la calle no tienen el tiempo suficiente para valorar el riesgo potencial que puede representar una persona determinada. Esto también es contribuir a la muerte de las putas.

Los clientes que acuden a las trabajadoras sexuales que trabajan en espacios cerrados, por miedo a la policía, llaman con teléfono oculto. Nuestras compañeras ya no pueden identificar si se trata de alguien peligroso a quien atendieron en un pasado y que ya no quieren volver a recibir o si se trata de alguien con estas características que ha sido denunciado por alguna compañera en una lista de clientes peligrosos. Con lo cual, puede que esté recibiendo a alguien que ponga en riesgo su integridad física. Esto también es contribuir a la muerte de las putas.

Las políticas de reducción de daños consisten en reducir las consecuencias negativas que puedan derivarse del ejercicio de la prostitución. Se materializan, por ejemplo, en suministrar preservativos y lubricantes a las trabajadoras del sexo, el acceso a información para vender sexo de la forma más segura, la prestación de servicios médicos y, específicamente, de medicina genitourinaria. Estas medidas son básicas, ya que salvan, literalmente, la vida de seres humanos. No obstante, el abolicionismo sueco se opone a que se ejecuten acciones dirigidas a reducir los daños, ya el objetivo de éstas no es reducir la incidencia del trabajo sexual. Arguyen argumentos como que la prostitución ya es dañina en sí misma y que las políticas de reducción de daños son poco realistas.

Pero los métodos profilácticos no han sido los únicos en ser atacados por el abolicionismo: sucedió lo mismo con un paquete de reducción de daños ofertado por la unidad da Malmö, que incluía una guía sobre cómo realizar trabajo sexual de forma segura. La coordinadora nacional contra la trata y a prostitución consideró que esta guía alentaba a otras personas a entrar en la prostitución; especialmente chicas jóvenes, que pensarían que la prostitución era algo seguro.

Estas ayudas a las trabajadoras sexuales (al ser la compra de servicios ilegal) son concebidas como ayudas a la consecución de un delito. Con esta persecución ciega de la desaparición de la prostitución, el abolicionismo está poniendo en riesgo la vida de las personas. Quiere llegar a su propósito de sociedad ideal, aún a costa de vidas humanas: vidas poco valiosas por haberse desviado del modelo de ciudadano ejemplar.

En Suecia también se ha rechazado la ayuda a las personas que ejercen el trabajo sexual y que ni se encuentran mal en él ni manifiestan querer dejarlo. Por ejemplo, se niegan a facilitarle a una trabajadora sexual un informe médico, a no ser que deje su trabajo durante un tiempo. Sólo tienen derecho a la prestación de servicios quienes, al ejercer el trabajo sexual, se consideren víctimas.

La evaluación gubernamental de la ley de penalización a los clientes considera que, si bien la vida de las prostitutas se ha vuelto mucho más difícil, esto debe ser leído de una manera positiva, como una medida disuasoria para que dejen de ejercer la prostitución. La dureza de la actual vida de las trabajadoras sexuales suecas se interpreta como un éxito de la ley, aunque ninguna evidencia apunte a que haya disminuido la compra de sexo.

En pocas palabras, es mentira que el abolicionismo pretenda acabar con el sexo de pago atacando a la demanda: el abolicionismo ataca a la parte ofertante, es decir, a las mujeres. Nos hace la vida cada vez más difícil, poniéndonos incluso en peligro, para ver si así cambiamos de idea y dejamos de ejercer la prostitución. En pos de su idea de igualdad, no le importa el precio que tenga que pagar para lograrla: incluso si se trata de vidas humanas. Porque, como bien sabemos, en este mundo no todas las vidas tienen el mismo valor. Y aquella mujer que sabe (o puede) comportarse de un modo que la diferencie de las putas, tiene como recompensa que su vida sea tomada en cuenta; que su vida tenga valor. Podrá entrar en al condición de ciudadana. Las leyes la protegerán, en lugar de escupirla a la periferia y a sus peligros.

Por eso no entendemos que las mujeres que son consideradas ciudadanas con derechos y que se llaman a sí mismas "feministas" presionen políticamente para que se ejecuten leyes que ponen en peligro la integridad física e incluso la vida de las prostitutas; en especial, las de la calle.

Así lo denuncian, desde hace años, nuestras compañeras de Afemtras, la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales del polígono de Villaverde (Madrid).

Antes de la entrada en vigor de la ley, la delegada del gobierno tuvo una reunión con Hetaira, en la que les aseguró que los expedientes de las multas a las mujeres no se iban a tramitar. No se cumplió esta palabra. En una segunda reunión, la delegada del gobierno modifica su discurso y explica que las multas por el artículo 36.6 que tipifican la desobediencia a la autoridad sí se van a tramitar. Este artículo penaliza libertades clásicas a través de la arbitrariedad policial. Casi todas las mujeres en el polígono de Villaverde están siendo multadas por este artículo. En realidad, es una forma encubierta de penalizar la prostitución y de expulsarnos del espacio público, sin ofrecer alternativas ni preocuparse de las consecuencias negativas para las trabajadoras del sexo.

Asimismo, se están dando abusos de poder y de vulneración de derechos por parte de algunos miembros del grupo 11 de la UCRIF, la unidad que se encarga de aplicar la ley de extranjería y de los asuntos de trata. Recordamos que el jefe de esta unidad, José Nieto, es el principal informante de Mabel Lozano, autora del libro El proxeneta o el documental Chicas nuevas 24 horas. No obstante, teniendo en cuenta que esos abusos de poder consisten en insultos machistas, homófobos, tránsfobos, xenófobos, vejaciones, amenazas y agresiones físicas, ¿qué víctima de trata va a acercarse a la unidad 11 de la UCRIF a denunciar su situación? ¿O qué compañera se acercará diciendo que sospecha que otra mujer está en situación de trata? ¿Podemos confiar en la labor contra la trata de una unidad de policía que no inspira ninguna confianza a las mujeres?

Estos hechos se han puesto en conocimiento de Delegación del Gobierno, de la policía, el Área de Seguridad Ciudadana y representantes del Ayuntamiento de Madrid: Ahora Madrid y PSOE. Estos organismos no han dado ninguna respuesta, permitiendo que estos agentes de policía sigan patruyando el polígono.

Ésta es la rueda de prensa en que tanto Afemtras como Hetaira denuncian esta situación.

Mis compañeras de Villaverde tienen aún otra dificultad más: el ayuntamiento quiere cerrar el acceso a la zona del gato de 23h a 7h. Para que el lector comprenda, adjunto este mapa que me pasó una compañera de Villaverde: la zona rodeada por una línea roja es el polígono de Villaverde; la zona rodeada por una línea azul es la comunidad de vecinos Marconi y la zona rodeada por una línea amarilla es la zona del Gato. Las viviendas vecinas al polígono eran chabolas en las que vivían sus trabajadores, hasta que el boom inmobiliario de principios de 2001 las convirtió en bloques de viviendas. Es el mismo proceso que sucedió en el Raval (Barcelona) cuando se gentrificó y se empezó a echar a las prostitutas mediante ordenanzas.

Mis compañeras se reunieron con Zapata, concejal de Ahora Madrid del distrito de Villaverde. Pese que, al principio, la actitud de Zapata era de escucha, no ha llevado a cabo ningún arbitraje, ninguna negociación entre los empresarios, los vecinos y las trabajadoras del sexo. Actualmente, Zapata afirma que esta medida es un sondeo para ver si funciona. Entiéndase "funcionar" como "disuadir la prostitución". Aunque, como bien estamos viendo, "disuadir la prostitución" signifique poner en riesgo la vida de otras mujeres, arriesgarnos a que haya más feminicidios, a que haya más muertes como la de Vanesa Campos. Y todo como medida feminista. Mueran ustedes, sacrifíquense en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Mueran ustedes, putas, ciudadanas de segundas.

Y, cuando hayan muerto todas las putas, quizás encontraréis otro factor a quien culpar de la existencia del patriarcado.

Señor Zapata: apelo a su responsabilidad política, pues poner en peligro la vida de las mujeres nunca puede ser una medida de igualdad. Mis compañeras de Afemtras ya le han lanzado varias propuestas. Debería usted pensar en los Derechos Humanos antes que en el electorado.

Pero Zapata no es el único que, a la hora de la verdad, deja a las prostitutas desprotegidas legalmente. Lo mismo hizo Manuela Carmena. Carmena, en su programa electoral, presentaba un proyecto piloto para el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y "buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección".

Señora Carmena: parte de los votos por los que usted fue nombrada alcaldesa procedieron de las putas y de las personas de su entorno, que confiaron en usted y en su voluntad de velar por sus derechos. Entre ellos, el derecho a la integridad física y el derecho a la vida. También el derecho al trabajo. Pero usted se ha limitado a mantener el plan de Ana Botella para "erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución". Un plan que se ha demostrado que no funciona, que ha sido criticado por asociaciones que trabajan con víctimas de trata y que lo único que ha hecho ha sido incrementar los abusos policiales contra las trabajadoras del sexo, tal y como hemos visto.

Señora Carmena: usted traicionó a las Putas. Así lo explica otra componente de Afemtras: Ninfa.

Pero el programa electoral de Ahora Madrid no fue el único lugar donde Carmena se posicionó a favor de los derechos de las putas. También fue una de las firmantes de este documento: la Propuesta de regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos, redactado por el Grupo de Estudios de Política Criminal, a finales del 2006. Este documento defendía cosas como las que siguen:

-La despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos y la orientación del sistema penal a la tutela efectiva de la libertad sexual.

-No se trata de defender intereses ajenos a quien presta servicios sexuales, sino de asegurar los derechos inherentes a la dignidad personal de quien se decanta, por razones sobre las que no cabe inquirir, por una determinada opción laboral.

-Se trata, en resumen, no sólo de despenalizar, sino también de regular. Lo que, como demuestran experiencias ajenas, no incrementa el tráfico o la explotación: ni siquiera favorece la expansión de la industria del sexo.

-El Manifiesto reivindica no sólo la despenalización de la prostitución entre adultos, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos esenciales -incluidos los laborales- de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales, en el marco general de la industria del ocio.

-De acuerdo con el modus operandi del Grupo de Estudios de Política Criminal, se publica ahora, junto a aquel Manifiesto, la Propuesta de regulación del trabajo sexual: un conjunto de alternativas jurídicas para conciliar la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del sexo con la persecución penal de cualquier forma de prostitución forzada.

-La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno -como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen.

-Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aun siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

-La situación de alegalidad favorece la explotación de la prostitución por parte de empresarios que en la actualidad no están obligados a reconocer a dichos trabajadores los derechos sociales y laborales básicos, así como la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. La privación a estos trabajadores del estatuto jurídico del ciudadano les impone la condición de infrasujetos. Circunstancia que se ha visto agravada por la desafortunada reforma penal de 2003, que, al castigar la obtención de lucro de la explotación de la prostitución ajena, ha venido a intensificar la tendencia al ocultamiento de las condiciones de contratación y prestación de servicios de los trabajadores del sexo.

-Dicha reflexión deberá estar presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución.

-Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

-Dada la naturaleza de la actividad a regular, deben fomentarse las formas de auto-organización, como el régimen de autónomos o las cooperativas, sin que ello suponga el desconocimiento de otras formas de prestación de servicios sexuales, como el trabajo por cuenta ajena, que habrá de ordenarse según un régimen especial. Dicho régimen no podrá conllevar en ningún caso medidas que supongan un etiquetamiento o una discriminación injustificada de las personas que prestan servicios de carácter sexual

Señora Manuela Carmena: usted firmó este documento, en que se pedía el cese de la penalización y en que, incluso, se exigía el reconocimiento del empresario del sexo como tal, a fin de evitar abusos contra las trabajadoras. No obstante, más adelante olvidó por completo su firma en este documento e imprimió una guía para periodistas donde indicaba que a nuestros clientes se les llamase con nombres estigmatizantes y, a nosotras, con el denigrante y pasivo "prostituidas". Denigrante porque, así, no reconoce usted nuestra agencia como sujetos políticos y puede, simplemente, actuar como si las demandas de las trabajadoras de Villaverde no existieran.

Pero yo apelo, señora Carmena, a su responsabilidad política. Impida usted que se siga multando a mis compañeras, que sólo tratan de ganarse el pan. Impida que tengan que irse a lugares alejados donde sus vidas corren peligro.

Tome usted ejemplo de Ada Colau: ella misma se ha opuesto, en diversas ocasiones, a que se aplique la ordenanza contra las trabajadoras sexuales de la calle. Es una alcaldesa que se preocupa por los Derechos Humanos de todas las vecinas de la ciudad y no por mantenerse en el poder gracias al apoyo de la izquierda bienpensante. Lo hace con convencimiento, pese a que no falten voces, últimamente, que pretenden desprestigiarla, tachando a su ayuntamiento de colaborar con un inventado lobby proxeneta. Porque hay feministas a las que les preocupa más un taller de felaciones que la muerte de una puta. En el fondo, sin embargo, sabemos que sólo se trata de una estrategia electoral que utiliza a las putas como moneda de cambio.

Le ruego, señora Carmena, no se escude en simples teorías de que la multa al cliente acabará con la trata. Usted sabe tan bien como yo que eso son puras elucubraciones que no se sostienen a nivel práctico y que, más bien, llevan a las consecuencias opuestas. Usted sabe que es una justificación con la que el abolicionismo trata de limpiarse la conciencia. Pero ya no se lo vamos a permitir: la tiene demasiado manchada con la sangre de nuestras muertas.

Tome usted ejemplo de Ada Colau, señora Carmena, y preocúpese, como una feminista de verdad, de la integridad y los derechos de TODAS las mujeres. Impida, por favor, que continúen vejando, humillando y asesinando a más prostitutas.

Para que no haya ni una puta menos.

FUENTES:

Grupo de Estudios de Política Criminal (2006) Propuesta de regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. https://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/DOCUMENTO10.pdf

Mallo, C. (2015). Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución. La izquierda diario. https://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

NSWP. (2016) Kit de Herramientas de Abogacía: El Impacto Real del Modelo Sueco sobre las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual https://www.nswp.org/es/resource/kit-de-herramientas-de-abogac-el-impacto-real-del-modelo-sueco-sobre-las-personas-que